La declaración  exige a las autoridades respeto a las resoluciones internacionales y estudios desarrollados sobre control eficiente y seguro del tráfico aéreo. Tratamos de evitar así la permanencia e introducción de criterios que no tienen cabida en el desarrollo de nuestra profesión y poner freno a las constantes injerencias desde el Ministerio de Hacienda en decisiones que, según organismos internacionales, afectan a la seguridad aérea.